Revolución (BRUJERÍA)

- JAIME CAICEDO - UN 10 - POR BOGOTA -

10 Propuestas para democratizar a Bogotá ¡Superar la desigualdad, es hacer realidad los derechos de la gente!

1. Vivienda y habitat dignos. Proponemos adelantar una reforma urbana democrática, interviniendo la propiedad del suelo, con el objeto de que el Distrito adelante programas de vivienda digna para los sectores populares y las familias ubicadas en zonas de alto riesgo.

2. Nuevo modelo de Ordenamiento Territorial y reestructuración de las finanzas. Convocatoria a una Asamblea Distrital Estatuyente para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y sus 14 planes maestros con estrategias, políticas y proyectos democratizadores para un nuevo modelo de ciudad. Revisar las condiciones de la deuda interna y externa con el fin de liberar recursos para inversión social. No más impuestos para los sectores populares.

3. Defensa de los recursos naturales, el medio ambiente y por un sistema integral de transporte masivo . Luchamos contra de la privatización del agua. Proponemos un plan estratégico para obligar a las empresas que explotan los recursos naturales a costear la recuperación de los daños ambientales ya causados. Suspender el relleno de los humedales, descontaminar el río Bogota, exigir a las industrias la adopción de tecnologías limpias y un plan de combustibles no contaminantes. Detener la urbanización de los cerros y ofrecer soluciones dignas a sus habitantes evitando su desplazamiento forzado. Crear un sistema que integre el metro, Transmilenio, el tren de cercanías, el transporte público colectivo, los taxis y las ciclo rutas. Impulsar una empresa distrital pública que asuma el manejo del transporte. Integrar al sistema a los pequeños propietarios de vehículos de transporte público y crear garantías laborales para superar la guerra del centavo.

4. Cese de las privatizaciones y papel social del Estado Distrital. Intervención del Estado Distrital para la política social y la democratización del patrimonio Público. Frenar el proceso de privatización de la EAAB y de la ETB. Punto final a los contratos de concesión. Derogar el acuerdo del Concejo que autorizó la venta de la ETB. Reversar la privatización de la Empresa de energía y los contratos de concesión de aseo. Reasumir el DC las funciones privatizadas y cubrirlas con sus trabajadores y empleados. C reación de un banco distrital de carácter oficial para el manejo de los recursos que cumpla funciones de fomento a pymes, el sector de la economía solidaria y madres cabeza de familia. Contra el TLC y sus nefastas consecuencias políticas y sociales.

5. Defensa de los derechos de los trabajadores, contra la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Aplicación de los convenios de la OIT sobre negociación colectiva. Garantías para los derechos adquiridos de los trabajadores a la estabilidad laboral, salarios justos, ejercicio de las actividades de las organizaciones sindicales. Programas para los vendedores ambulantes, los desplazados, programas de inclusión social y productiva de los habitantes de la calle y demás sectores vulnerables, dentro de una estrategia integral de combate contra la pobreza. La inseguridad se combate con empleo, seguridad social, educación más que con policía o simple represión.

6. Política alimentaria integral Política alimentaria que supere el asistencialismo. Fortalecer el sistema de abastecimiento campesino a Bogotá que se pretende eliminar para entregarle el "negocio" a los grandes hipermercados. Establecer una canasta alimenticia adecuada y con precios justos y accesibles a la población de bajos ingresos. Política de ruralidad concertada y con intervención directa del campesinado en su gestión.

7. Ampliación de la cobertura y la calidad de la educación y la salud pública. Fortalecimiento económico e institucional de la educación pública. Concretar su carácter gratuito. Recuperación de los derechos de los maestros. Creación de un sistema alternativo de salud con base en el mejoramiento del programa salud a su hogar. Desmonte del sistema neoliberal de la ley 100 de 1993. Ampliación de los cupos, programas y políticas públicas de la Universidad Distrital, así como de las Universidades públicas ubicadas en el Distrito con respeto de su autonomía.

8. Políticas incluyentes para la juventud, la mujer, la niñez, las etnias y a la población LGBT Diseño de una política pública concertada de largo plazo sobre la juventud, la mujer y la niñez. Derechos ciudadanos plenos de los sectores etnosociales, superar el enfoque de "minorías", contribuir al despliegue de su aporte humano y cultural al enriquecimiento de la diversidad de Bogotá. Actuar en contra de la discriminación y a favor de los derechos de los LGBT.

9. Cultura, recreación y deporte para todos y todas. Superar el concepto de cultura como objeto mercantil y de espectáculo. Fomentar la actividad cultural desde lo popular. Apoyar las diversas manifestaciones artísticas y culturales, a nivel local y distrital, a partir de las organizaciones de los trabajadores de la cultura y el pueblo. Sistema distrital de deporte y fomento de espacios para la recreación pública no privatizados, de carácter gratuito. Programas específicos para los discapacitados y la tercera edad.

10. Por la paz democrática y los acuerdos humanitarios. La paz democrática conlleva la superación de las causas sociales, políticas e históricas del conflicto. Bogotá no es ajena al conflicto armado realmente existente. Trabajamos por una salida política negociada a través de un Tratado de paz con garantías institucionales y respaldo popular. Actuamos por acuerdos humanitarios, entre ellos el intercambio, con acciones inmediatas de convocatoria social.

COMUNICADO DE PRENSA

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
COMUNICADO DE PRENSA

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz pide al Gobierno Nacional acatar peticiones de congresistas de USA

36 Representantes a la Cámara de Estados Unidos solicitan al Presidente Uribe investigar robos de información a ONG´s de paz y derechos humanos.

Bogotá, julio 19 de 2007. –La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz pide al gobierno del Presidente Alvaro Uribe acatar la solicitud hecha el pasado 17 de julio por 36 congresistas estadounidenses para que las autoridades competentes investiguen los robos de información de que hemos sido víctimas varias organizaciones de paz y derechos humanos en los últimos meses.

En la misiva enviada al gobierno colombiano, los Representantes a la Cámara de Estados Unidos advierten motivaciones políticas detrás de estos robos de información, a tiempo que expresan su profunda preocupación por la seguridad de todos los activistas de paz, defensores de derechos humanos y testigos que aparecen en la información robada.

Como organizaciones de paz y derechos humanos solicitamos el pasado 10 de julio a la Oficina del Vicepresidente, que estos robos de información fuesen investigados con el rigor del caso, ya que hasta el momento han sido tratados por las autoridades judiciales como hurtos comunes, compromiso que asumieron los delegados asignados por el vicepresidente Santos a esta reunión.

Para la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, estos robos de información obedecen a un patrón sistemático de seguimiento y hostigamiento que buscan mantener en zozobra a estas organizaciones.

Valoramos y agradecemos la preocupación de este grupo de congresistas estadounidenses por las graves implicaciones de los robos de información a la Corporación Yirá Castro (21 de junio de 2007), Justapaz (14 de junio de 2007), Movimiento de Reconciliación (2 de junio de 2007) y Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (22 de enero de 2007) y en general su solidaridad con las demás organizaciones y personas víctimas de hechos similares.

CARTA DE LOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA DE ESTADOS UNIDOS AL PRESIDENTE URIBE SOBRE EL ROBO DE INFORMACIÓN A ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (The Permanent Assembly of Civil Society for Peace) asks the Colombian Government to comply with the requests of members of US Congress

36 Members of Congress ask President Uribe to investigate the information theft targetting peace and human rights organizations

Bogotá, July 19th, 2007- La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (The Permanent Assembly of Civil Society for Peace) asks President Álvaro Uribe to comply with the request made on July 17th by 36 members of US Congress for Colombian authorities to investigate the information thefts targeted at various peace and human rights organizations in the last several months.

In the message sent to the Colombian government, members of the United States House of Representatives warn of political motivations behind these information thefts, and also express their deep concern for the security of all peace activists, human rights defenders, church communities and witnesses identified in the stolen information.

As peace and human rights organizations, on July 10th we requested of the Vice-President’s office that these thefts be thoroughly investigated, bearing in mind that up to now the judicial authorities have treated them as ordinary robberies. The person delegated by Vice-President Santos to this meeting committed to following through with this request.

For La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (the Permanent Assembly of Civil Society for Peace), these thefts of information are part of a systematic pattern of monitoring and harassment designed to disrupt the work of these organizations.

We value and appreciate the concern that these members of the US Congress have expressed regarding the serious implications of the information theft for Corporación Yira Castro (June 21, 2007), Justapaz (June 14, 2007), Fellowship of Reconciliation (June 2, 2007), the Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (January 22nd, 2007), and more broadly, their solidarity with the rest of the organizations and individuals that have been victims of this type of action.

ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ
(The Permanent Assembly of Civil Society for Peace)
MORE INFORMATION
Executive secretariat–National spokespersons
Jaime Zulúaga Nieto – 3102543622
Alexandra Bermúdez Osorio – 3114416386
Luís Eduardo Salcedo – 3155414371
Comunications office – 2325222
E-mail: comunicaciones@asambleaporlapaz.com

Conversatorio "Identidades e Izquierdas: Trayectorias y Perspectivas"

Invitación: Conversatorio "Identidades e Izquierdas: Trayectorias y Perspectivas"

Fecha: Jueves 26 de julio de 2007

Hora: 5 p.m.

Lugar: Dirección: Calle 33 No. 16-18 Barrio Teusaquillo

Teléfono: (57-1) 2879883 ó 2455585

Teléfono móvil: 3142195659

Correo Electrónico: ciase@ciase.org

Página Web: www.ciase.org

Bogotá - Colombia

El estudio de los movimientos sociales ha sido uno de los temas que más ha interesado a investigadores/as de todas las disciplinas sociales. Revueltas, revoluciones, transformaciones políticas, económicas y sociales han sido el resultado de la acción coordinada de determinados actores sociales, que han reivindicado la justicia, la inclusión, el reconocimiento, la visibilidad y el protagonismo social que merecen. Así, profundizar en la configuración de sus identidades, sus discursos, sus prácticas y sus posibilidades de transformación de la realidad colombiana aparecen como una necesidad.

Expositores:

* Patricia Jaramillo. Socióloga, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela de Estudios de Género de la misma universidad.

* Mauricio Archila Neira: Historiador, profesor del departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del CINEP.

CON EL TLC, PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS AUMENTARÁN EN MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO, DENUNCIAN EXPERTOS

La audiencia pública “TLC y salud: la verdad”, un éxito total, dice Robledo
Los doce expertos que intervinieron hoy en la audiencia pública “TLC y salud: la verdad” coincidieron en afirmar que, si el Tratado con Estados Unidos queda en firme, los precios de los medicamentos sufrirán en Colombia drásticas alzas, que según estimaron llegarán a mil millones de dólares al año.
La audiencia, en la que hicieron de moderadores los congresistas convocantes, Jorge Enrique Robledo y Camilo Sánchez Ortega, fue instalada por monseñor Fabián Marulanda, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, quien alertó sobre los peligros del Tratado para la salud de los colombianos. Entre las bien documentadas ponencias, merecen destacarse la del doctor Germán Holguín Zamorano, director de Misión Salud, quien mostró con cifras las altísimas ganancias de las trasnacionales del sector, en contraste con la situación que viven miles de millones de habitantes del planeta, sin el menor derecho a la salud. Holguín Zamorano previno sobre el aumento de enfermedades catastróficas y denunció que el número de muertes por sida va a multiplicarse.
Otros dos expositores, Miguel Ángel Cortés y Francisco Rossi, presentaron el TLC como un acto de adhesión de los negociadores colombianos a las imposiciones de Estados Unidos. Cortés y Rossi integraban el equipo negociador del gobierno nacional, pero se vieron obligados a renunciar a él en protesta por la entrega de vitales reivindicaciones.
El expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, afirmó que el Congreso sí está facultado para examinar la inconstitucionalidad de capítulos y cláusulas del Tratado recién suscrito por el gobierno colombiano. Montealegre añadió que el Legislativo puede aprobar reservas a los textos del Tratado que violen los derechos sociales de la población o que impliquen un claro retroceso en campos como el de la salud.
Intervinieron además los senadores Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático Alternativo; Alexandra Moreno Piraquive, presidenta de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara –donde entró ya el TLC a primer debate– y a quien la aplanadora uribista ha pretendido destituir en forma irreglamentaria; y Cecilia López Montaño y Carlos Julio González, del Partido Liberal. Todos ellos anunciaron su oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Para cerrar, Jorge Enrique Robledo destacó el total éxito del foro, que dio al traste con las presiones ejercidas desde el alto gobierno para impedir que expresaran sus críticas los dirigentes de los gremios y asociaciones de la salud. El vocero del Polo Democrático Alternativo, PDA, dio a conocer que en los próximos días, y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, instaurará un denuncio contra el presidente Uribe Vélez por el delito de traición a la patria.
Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 15 de febrero de 2007.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA EL SEGURO SOCIAL

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, enero 30 de 2007

Verdad – Justicia – Reparación son principios que la Organización de Naciones Unidas considera necesarios para la solución de los conflictos y son el cimiento de la justicia de transición por la cual, en aras de la paz, se dan beneficios en la pena a quienes cometieron delitos en el curso de las hostilidades. La Verdad es elemento fundamental puesto que, mediante la confesión en la participación en todos los delitos cometidos por quien delinquió, se otorgan los favores jurídicos. La Reparación honra a las víctimas sus derechos vulnerados en dignidad, en salud y vida y en bienes y compensa los daños sufridos, cobra más relevancia cuando son grupos en mayor grado de indefensión como mujeres, niños y niñas o minorías étnicas. Estos criterios operan en las masacres contra la población, como las de El Aro, Mapiripán, o Bojayá.
En el proceso de liquidación del área de salud del ISS (Instituto del Seguro Social), decretada por el gobierno de Uribe, no es ocurrencia aplicar también Verdad, Justicia y Reparación, tanto porque las consecuencias alcanzan las magnitudes de un genocidio como porque la Verdad de lo acontecido para llegar a tal estado de postración ha sido desfigurada por las voces oficiales y sus cajas de resonancia para justificar el atropello que privatiza plenamente la seguridad social en el país.
Desde que Álvaro Uribe, como senador liberal samperista, fue destacado ponente de la Ley 100, una vergüenza de la cual se ufana, los distintos gobiernos de 1993 hasta la fecha urdieron una conspiración continua para marchitar al Seguro y consolidar el negocio de la seguridad social, en lo cual se convirtió, a favor de los consorcios privados que conformaron las otras Empresas Prestadoras de Servicios y que ahora son casi un oligopolio. Comenzó por no dejar explícita en dicha Ley la obligación que el Estado tenía con el ISS desde entonces y que tiene valor presente de más de 63 billones de pesos, según cálculos del ex senador Angarita Baracaldo. Por razones de rentabilidad, esas Empresas han obstruido la inclusión a su nómina de afiliados de los enfermos con patologías “catastróficas” y que -por ende- deben ser atendidos por el ISS; son más de 45.000 personas, el 80% del total, cuya atención cuesta $350.000 millones mensuales; el FOSYGA, el fondo encargado del respectivo reconocimiento, no ha cubierto el monto completo y causó un déficit de $300.000 millones en 2006; es la típica división del negocio entre el lomo y el hueso. También al Seguro, por disposición oficial, se le impidió durante años ingresar nuevos afiliado, por eso la composición del grupo atendido, por edades, es adversa a una sana estructura de gastos y contraria a la distribución demográfica del país; así: el 23,67% de los 3 millones de afiliados es mayor de 60 años y el 21,33% está entre los 45 y los 59; en Colombia estos grupos en conjunto no superan el 20% de la población. De lo anterior resultó que sólo la mitad del total atendido esté cotizando y la otra tiene calidad de beneficiario, quienes contribuyen en su mayoría apenas ganan el salario mínimo.
Graves problemas en las bases de información han dificultado aún más la operación del ISS y en especial la identificación de sus nóminas en deterioro de la prestación de un buen servicio y también del acceso al reconocimiento estatal por unidad de capitación. El desorden y la corrupción que se endilga al Seguro es fruto de la politiquería que los grupos dominantes han ejercido allí. Un presidente cada dos años, con clientela incluida, se enseñoreó a nombre de distintas banderías, pero en los últimos nueve especialmente con la enseña del Partido Conservador, que se arrojó a saco sobre las siete Empresas Sociales que se crearon en 2003, escindidas del ISS, para atender como IPS a los afiliados. El experimento que Uribe y el ministro Palacio vendieron como bálsamo fue un ardid para adelantar en el premeditado camino hacia el cadalso. En cuanto a las cargas laborales, vale recordar que en 2001 el Sindicato firmó con el gobierno de Pastrana un pacto que fue tenido como “ejemplar y comprensivo” por las autoridades de entonces; ni eso salvó al ISS.
Hasta aquí la Verdad, faltan Justicia y Reparación; ambas habrán de conseguirla los usuarios, la comunidad médica y científica y la sociedad colombiana con la movilización y las justas demandas, máxime cuando todas las soluciones planteadas no tienen base real para suplir debidamente al Seguro y todas están atravesadas por el ánimo de lucro de quien herede ese filón que se erigirá sobre la muerte por abandono social de miles de compatriotas. La ventaja es que el primer culpable es el actual presidente de Colombia y habrá de responder.

¿NO EXISTEN LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS?

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 28 de noviembre de 2006

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Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 28 de noviembre de 2006
A más de veinte años del inicio del paramilitarismo en Colombia, por fin parece abrirse paso la idea de que la llamada “justicia por la propia mano” es moral y legalmente inaceptable y que crea problemas de proporciones mayúsculas, por lo que quienes han estado comprometidos con esas actividades criminales deben responder ante la justicia y la sociedad. Y más si convirtieron sus acciones en un pretexto para su enriquecimiento personal, porque se vincularon al narcotráfico, defraudaron el erario o desposeyeron a las gentes de sus bienes, empleando la violencia y el terror.
La búsqueda de la verdad de lo ocurrido debe empezar por señalar que además de quienes actuaron con las armas en la mano, también hicieron parte de esas organizaciones por fuera de la ley personas de diferentes sectores, incluidos dirigentes políticos, según han explicado los medios de comunicación. Y también exige precisar que por numerosos que sean los congresistas responsables de delitos, ello no permite aseverar que es El Congreso el que faltó a la ley, como con ingenuidad o astucia se oye decir. Que el peso de la justicia caiga sobre quienes la violaron, pero que también, como contraste, se respete la integridad de quienes carecen de responsabilidad al respecto.
Se afirma que las personas que se asociaron con los paramilitares fueron víctimas de estos. No obstante, lo cierto es que también hubo muchos colombianos que perdieron sus vidas o sus bienes o sufrieron el destierro o el ostracismo antes que renunciar a sus convicciones de ética y dignidad, a cambio de disfrutar de las ventajas que otorgan el dinero, la violencia y el poder. La verdad de lo ocurrido también exige rendirles homenaje a esos compatriotas que con su sacrificio resaltaron los principios del único rumbo que puede sacar adelante a la sociedad colombiana.
Se ha convertido en un lugar común decir que cada acusado es inocente mientras los jueces y tribunales competentes no demuestren lo contrario, afirmación cierta que coincide con una concepción democrática de la administración de justicia. Pero hay que rechazar que esta verdad se utilice como pretexto para establecer que en un escándalo de este calibre no existen responsabilidades políticas por las que deben responder destacados miembros de las diversas ramas del Estado y de las organizaciones políticas. Porque los hechos muestran que cerca de medio centenar (!!!) de importantes dirigentes políticos que han sido pilares del gobierno de Álvaro Uribe Vélez están encarcelados o prófugos y han sido sindicados o señalados por la comisión de diferentes delitos. A esto se suma que el ex director del DAS, nada menos que el jefe de la policía secreta del Presidente de la República, ha sido objeto de graves acusaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría sobre su connivencia con jefes del paramilitarismo.

Ante estas realidades, el Presidente de la República, por acción o por omisión, ha asumido posiciones que hay que condenar. La primera, limitarse a la displicencia de decir que actúe la justicia y que los responsables confiesen, cuando para otros casos se ha mostrado tan acucioso y cuando lo obvio es que pusiera todos los recursos de su gobierno al servicio de respaldar a las autoridades para que puedan establecer la verdad. La segunda, una cortina de humo de una evidencia tal que por sí sola lo acusa de fraguarla: que la prioridad es determinar otras responsabilidades sobre otros hechos diferentes a los que ahora sacuden a la opinión pública nacional e internacional. Y no le ha dado ninguna explicación política a la nación acerca de por qué tantos de sus coroneles políticos aparecen vinculados a estos delitos, empezando por el mencionado ex director del DAS, a quien Uribe defendió con tanta agresividad cuando algunos periodistas se atrevieron a decir que debía renunciar al consulado en Milán.
Es un auténtico despropósito el intento de convertir a Colombia en el único país del mundo donde no existen responsabilidades políticas de los dirigentes, los partidos y los gobiernos, práctica que en parte explica la descomposición nacional, porque, en últimas, es una pieza medular del “tapen, tapen”. Y a propósito, ¿cómo gana Colombia atornillando en su puesto a María Consuelo Araújo? El establecimiento de la verdad sobre tantos y tan condenables sucesos tiene como principal propósito lograr que estos no vuelvan a repetirse y darle cimientos a lograr que en Colombia las contradicciones económicas, políticas y sociales dejen de resolverse mediante métodos distintos a los propios de las concepciones democráticas y civilizadas.


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